Por una parte, la Constitución Española de 1978, en su artículo 25 (si no recuerdo mal), dictamina que la reeducación y la reinserción social de los penados son la finalidad a la que deben orientarse las penas de prisión.
Por otra, todo el entramado judicial (abogados, jueces, leyes, códigos y rituales) está fundamentado en la necesidad de evitar que sean las víctimas y sus allegados quienes determinen el trato que debe darse a los criminales.
Entonces, ¿a santo de qué los padres de la pobre Marta del Castillo (dignos, por descontado, de todo nuestro apoyo, cariño y compasión) tienen ya cita con el Presidente del Gobierno y con el del Partido Popular para solicitar de ellos las medidas oportunas que conduzcan a que las penas por delitos como el presuntamente perpetrado contra su hija sean endurecidas y, virtualmente, a instaurar la pena de cadena perpetua?
¿A santo de qué todas las cadenas de radio y televisión siguen al minuto todo lo relacionado con esa intención de los padres?
Resulta cuanto menos chocante que prácticamente nadie, en los medios de comunicación más masivos, haga notar la diferencia sustancial entre justicia y venganza. Ni siquiera cuando alguna víctima o familiar dice aquello de "yo sólo pido que se haga justicia: la máxima".
Actualización a 20 de febrero:
Permítanme que me pavonee un poco. Vean lo que mi siempre admirado Javier Ortiz escribe hoy en Público y en su blog ¡un día después de que yo escribiera prácticamente lo mismo sobre el mismo tema! Déjenme que, por una vez, me sienta orgulloso de haber llegado antes a las mismas conclusiones que uno de mis columnistas de referencia.
Hala, ya está, ya se me ha pasado.
jueves, 19 de febrero de 2009
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