Músicos sin apoyo

Increíble. La noticia de El País de ayer, en la que se da cuenta de la manifestación que protagonizaron unos cuantos músicos frente al Ministerio de Industria para exigir de éste que tome medidas drásticas para "proteger a la industria musical", había alcanzado, a las 19:00 horas, la friolera de 1330 comentarios... ¡y la mayoría en contra de los músicos!

Otro palo a los tres avisos

Sí, llevo más de un mes sin anotar ni "guardar" nada.

Desde que murió Javier Ortiz estoy como encogido. Mi recorrido diario por Internet empezaba siempre por su página. Y ahora, pese a que continúo conectando el ordenador todas las mañanas y visito los mismos sitios que antes, noto que mi (siempre relativo) entusiasmo por esto de dar y recibir información en la red ha disminuido bastante. Supongo que será algo coyuntural, que habré de pasar "el duelo" y después volveré a lo que este blog siempre fue, una errática recopilación de curiosidades, manifiestos, reflexiones y citas, sin plazo fijo ni disciplina.

Y mira que han pasado cosas en un mes y pico (gracias, Félix)

Bueno, voy a dejar "guardada" aquí una pequeña alegría que acabo de llevarme: el Conseil Constitutionnel francés acaba de dictaminar que sólo un juez estará facultado para "restringir o impedir el acceso a Internet a los abonados". Aunque no se pronuncia expresamente acerca de la legalidad del control de los contenidos que los internautas se descargan, sí que aboga por la protección permanente de la libertad de expresión y comunicación:

"Esta libertad implica hoy día, habida cuenta del desarrollo generalizado de Internet y de su importancia para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, la libertad del público "on line" para acceder a estos servicios de comunicación."

Menos es nada.

No a los Tres Avisos

Última hora:

La Asamblea francesa acaba de desautorizar al Gobierno de Sarkozy para poner en marcha la Ley de los Tres Avisos. que facultaría a las operadoras de acceso a Internet para cortar la conexión del internauta que fuera detectado descargando contenidos protegidos por derechos de autor sin pagar por ello (me niego a utilizar los calificativos descargas ilegales o piratería).

A falta de saber cuáles serán los próximos pasos del Parlamento galo y cómo motivan el rechazo, me parece un paso en la buena dirección: que sea siempre la autoridad judicial la única facultada para ordenar la intervención de las comunicaciones, incluida la conexión a Internet.


Actualización 14:45

Al parecer, la razón por la que algunos parlamentarios de la mayoría gubernamental han votado en contra de la Ley está en su rechazo a que el internauta cuya conexión haya sido interrumpida temporalmente siga pagando la cuota correspondiente. En cuanto este precepto sea eliminado del texto de la ley, votarán a favor. Mi gozo, en un pozo.

¿Quién quiere controlar Internet?

Por abundar en lo expuesto en el anterior post, incluyo aquí el enlace a la carta abierta al ministro de Industria, publicada ayer por la Asociación de Internautas con ruego de su difusión, en la que se expone, con inquietante claridad, la actual situación de la Sociedad de la Información en España, la actuación de los diferentes lobbies culturales, las presiones sobre los proveedores de acceso a Internet e, incluso, el nombre de la persona que estaría detrás de todo ello.

En la misma entrada de la página de la AI en la que aparece esta carta, se cita este interesante post del blog "Molina pírate!" en el que también hablan del tema e incluyen, entre otras aportaciones de interés, este "Decálogo para una revisión en profundidad de la LPI (estos puntos han sido elaborados por usuarios, expertos, abogados y juristas)":

"1. Considerar cualquier recorte a las redes de intercambio de archivos (redes P2P) como un acto de oscurantismo y un atentado contra los derechos democráticos fundamentales garantizados por nuestra constitución y por innumerables tratados internacionales que el Estado Español ha ratificado. Nuestros derechos al conocimiento, al aprendizaje, al acceso a la cultura y a la libertad de expresión se verían gravemente socavados si se limitaran las herramientas de las que dispone actualmente la sociedad.
Agregar a nuestra LPI y defender en Europa la llamada enmienda 138, ya defendida por otros gobiernos europeos (Austria, Dinamarca, Bulgaria, Hungría y Polonia) y que dice:
"ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales" = no se podrá desconectar a nadie de Internet sin orden judicial.

2. En la perspectiva de que los derechos de autor deben poder ser autogestionados libremente por el mismo autor, y considerando que las entidades de gestión son entidades privadas al igual que un servicio de consultoría o de limpieza que se debería poder utilizar o no según nuestras opciones de vidas, pedimos que las entidades de gestión pasen a ser lo que son: entidades privadas que gestionan SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE las "cuentas" de sus socios, o sea los derechos de explotación de una parte de los artistas. Que, como toda entidad privada, se permita la libre competencia y que bajo ningún concepto se consienta que entidades privadas hurguen en la privacidad y en los bolsillos de los ciudadanos y menos que se utilicen bienes y suelo público para sus beneficios privados. Que autores y editores no sean representados por la misma entidad como en los tiempos del sindicato vertical, que todos los socios puedan votar, claro está, y sobre todo que las entidades de gestión gestionen únicamente las creaciones registradas, permitiendo así el uso de licencias libres. Que en ningún caso entidades privadas gestionen dinero "no individualizable", tipo canon (gestión colectiva obligatoria , si siguiera subsistiendo), ya que vulnera sus propios estatutos. Que entidades públicas reviertan este tipo de beneficios en infraestructuras para la ciudadanía, como escuelas de formación artística o digitalización de la enseñanza.

3. Siendo las royalties al fin y al cabo un asunto entre editores, productores y autores, que los creadores sean pagados de forma equitativa (un 15% de la actividad en la que están involucrados) sean o no socios de entidades de gestión. Que los artistas cobren, si así lo desean, principalmente por su creación y no por la explotación que genera.

4. Abolición inmediata del canon digital, extraño diezmo que sanciona indiscriminadamente a la ciudadanía en nombre de la "compensación a la creación" intentando penalizar una conducta que no es en ningún caso delictiva. Los beneficios de esta recaudación además pasan a manos de unas pocas personas privadas que raras veces son creadores y menos de algo relacionado con el mundo de la cultura. Insinuar "delitos" donde no los hay y luego cobrar a los "sospechosos" es propio de las dictaduras. Abolición del concepto de compensación por copia privada, asumiendo en su plenitud el derecho a la copia privada como intrínseco a la propia memoria humana desde la invención de Internet.

5. Que una obra pase a ser de dominio público en unos plazos beneficiosos para la creación y la sociedad. Permitir que más de una generación viva del trabajo de alguien, es un forma de fomentar el parasitismo y el estancamiento creativo, desactivando la reinversión y más considerando que una medida pensada para favorecer a las personas en realidad beneficia principalmente a grandes multinacionales que desvirtúan la creación primigenia. Pedimos el paso al dominio público en un periodo de tiempo razonable, dependiendo del tipo de creación, con un máximo de 30 años.

6. No deben necesitar autorización del autor los actos de reproducción, transformación o difusión de obras científicas o técnicas ya divulgados cuando se realicen con fines docentes, educativos o de investigación científica en el ámbito público, siempre que se incluya el nombre del autor y el resto de derechos morales. La transformación debería ser realizada utilizando la cesión en cadena para evitar una apropiación indebida.

7. Asimismo los derechos de autor sobre cualquier tipo de obra de los que las instituciones públicas sean derecho habientes serán a todos los efectos de dominio público inmediato.

8. Defender el "derecho a cita" en todos los casos de cita a algo que se ha hecho público ya previamente como vehículo de crecimiento democrático de la sociedad de la información.

9. Eliminar el concepto de "lucro cesante" en todo lo que concierne a la producción cultural.

10. Eliminar la obligatoriedad del cobro de la compensación por comunicación pública y por compensación por copia privada. Es inconstitucional."

La actuación coordinada de los ministerios de Industria y Cultura, junto con las entidades de gestión de derechos de autor y los proveedores de acceso a Internet, para regular, controlar, limitar, espiar y, finalmente, cobrar (es de lo que se trata) el acceso a los contenidos que la industria cultural quiere seguir monopolizando, puede ser resumida en esta frase, que aparece también en el blog "Molina pírate!":

"Es evidente que si dejamos la decisión sobre nuestros derechos digitales a los que son perjudicados en sus lucros e intereses por estos derechos, poco va a quedar de ellos."

Tres avisos contra la privacidad de las comunicaciones

La Ley de los Tres Avisos, procedimiento en virtud del cual los proveedores de Internet (ISP) cortarían el acceso a la red tras advertir en tres ocasiones al usuario de que ha sido pillado descargando material informático protegido por derechos de autor, encuentra en Francia problemas para su implantación, a pesar de estar a punto de ser puesta en marcha, por el elevado coste que supone.

En Irlanda, los proveedores han manifestado su voluntad de no monitorizar el tráfico de sus clientes, alegando que la privacidad de las comunicaciones está garantizada por las legislaciones irlandesa y europea. Por lo tanto, no aplicarán restricción alguna al intercambio de archivos entre sus usuarios.

¿Y en España? Según la Asociación de Internautas, la aplicación de medidas de este tipo provocaría la baja inmediata de un buen número de clientes de banda ancha, pero parece que, por el momento, este efecto no preocupa a las empresas suministradoras, dispuestas a plegarse a las exigencias de la SGAE.

Y todo ello, a pesar de las sucesivas sentencias que establecen sin sombra de duda que enlazar a redes P2P no es delito si no existe ánimo de lucro. Como se pregunta Enrique Dans,

1. ¿Cómo se puede seriamente discutir la implantación del sistema de tres avisos para penalizar algo que los jueces insisten que no es delito en nuestro país?
2. Para proteger al negocio de venta de copias, y ante la insistencia de los jueces en considerarlo legal de manera contraria a sus intereses, el gobierno no dudará en nombrar otras autoridades competentes capaces de tomar decisiones sobre qué vulnera o no vulnera según ellos los derechos de propiedad intelectual, en convertir en ciberpolicías a las empresas de telecomunicaciones, o en vulnerar completamente un principio tan básico como la neutralidad de la red. O por supuesto, en pasar por encima de la Constitución.
3. Si el ministro de cultura defiende al lobby de los derechos de autor, y el de industria está dispuesto a entregar a las empresas de telecomunicaciones la neutralidad de la red, ¿quién defiende los intereses de los ciudadanos?

Y pensar que yo pagaría gustoso por descargar música y películas si se vendieran en la red a precios razonables y no, como pretende la industria del ramo, a los mismos precios que si las comprara en el hipermercado...

13:42 Actualización:
Kriptópolis ve una fácil (y discutible) manera de cortar el tráfico P2P sin necesidad de monitorizar el tráfico ni, por lo tanto, violar el secreto de las comunicaciones de los usuarios:

"Simplemente prohibiendo las conexiones entrantes desde Internet hacia el usuario. Un par de simples reglas en los firewalls o ACLs en los routers ya existentes."

Claro que también nos proveen de herramientas para darnos de baja si, finalmente, nuestro ISP acepta "controlar el acceso de sus usuarios a las redes de intercambio (P2P)"

Más sobre "el precio de la cultura"

Ayer olvidé incluir en la anotación "El futuro de los vendedores" la referencia al artículo de Enrique Dans en el que me inspiré para alguna de las cosas que allí escribí. En su artículo, y haciéndose eco de un post del blog de Seth Godin, Dans escribía acerca del precio que debería tener un archivo musical o de vídeo descargado, y lo hacía con mucha más claridad que yo (negritas mías):

"...los ejecutivos de la industria, como ha ocurrido ya en muchas otras, mantienen sus referencias de precio conocidas y pretenden situar el precio final en magnitudes cercanas a lo que el cliente conocía, para así engordar sus márgenes todo lo posible con el brutal descenso de los costes. Ante tal barbaridad, el cliente reacciona dejándose querer por el atractivo del canal irregular, en el que el precio del producto es próximo a cero (no es cero si imputamos correctamente el tiempo necesario, los costes de ancho de banda, etc. que el cliente percibe en muchos casos como inexistentes). El resultado es que la industria desaprovecha la oportunidad de fijar un precio disuasorio para el canal irregular..."

Por cierto, la noticia que cuenta Dans en su anotación de hoy es de las que pueden dar para muchas celebraciones...

El futuro de los vendedores

Francis ha dejado un comentario en mi anotación del pasado día 19. Comoquiera que es el primer comentario "serio" que recibe este blog, me hace ilusión anotar esta respuesta en un nuevo post, en vez de hacerlo en los comentarios del mencionado.

Bueno, no es realmente una respuesta; más bien, una ampliación a lo allí expuesto, que no pasaba de ser una referencia a un artículo de Pepe Cervera en su blog, alojado en 20minutos, Retiario, que recomiendo. Por lo demás, lo que cuento lo he aprendido en blogs como el del propio Cervera, el de David Bravo, el de Ismael Valladolid, el de Enrique Dans... En fin, ahí, a la derecha, está el blogroll.



En los DVD comerciales de cine, las películas suelen venir precedidas de dos o tres trailers, que no son sino publicidad de otros productos de la empresa cinematográfica. Por su parte, en los que vienen de regalo o a bajo precio con periódicos y revistas, aparecen logotipos, eslóganes e, incluso, clips publicitarios de las empresas que los patrocinan. Y no he visto a nadie protestar contra eso.

En los CD de música, un jingle publicitario quedaría un poco más chusco (ah, aquellos tiempos del "está como nunca el coñac que mejor sabe"), pero sería fácilmente saltable a la hora de escucharlos. Por lo demás, también son regalados o vendidos baratos por periódicos y revistas, con los correspondientes logos de los sponsors bien visibles en la carpeta, y no pasa nada. Creo que fue Prince quien, recientemente, regaló su último trabajo con un periódico británico. Sólo se enfadó la Industria, claro.

En cualquier caso, no creo que la intención de Cervera sea recomendar a las compañías discográficas que busquen la forma de abaratar los CD y DVD para continuar manteniendo la estructura del mercado cultural tal como es ahora, con soportes físicos grandes, contaminantes y perecederos. La forma en que la gente accede en la actualidad a los productos culturales es mucho más abierta y directa. Ahora, por ejemplo, es más corriente escuchar música en los reproductores de mp3; y canciones sueltas, en lugar de elepés (¿se puede decir así, ahora?) de doce o catorce canciones. Ya no es imprescindible alinear los CD en el estante, con los lomos de sus impactantes carátulas convenientemente colocados por orden alfabético. Ahora, en un disco duro multimedia de los que se venden por 100 euros, y en el que se puede grabar y borrar cuantas veces se desee, caben cómodamente unas 100.000 (sí, cien mil) canciones. A doce o catorce canciones por disco, unos 7.000 (siete mil) discos. Muchos discos para el estante. Sin meternos necesariamente en mulas ni torrentes (cosa que en España, aún, no es ilegal), se podría comprar el disco (barato, o regalado) y pasarlo a mp3, o comprar el archivo directamente, grabarlo en el disco duro y escucharlo tan ricamente, tumbados en el sofá y a golpe de mando a distancia. O con los auriculares del reproductor portátil, en cualquier sitio. Todo ello, si fuera a un precio asequible.

Pagar 25 euros por un CD recién salido al mercado no es razonable, salvo para el directivo de la compañía discográfica y para el que vende los discos en la tienda (o para los fans coleccionistas recalcitrantes entre los cuales, para algún que otro monstruo, infortunadamente me encuentro; cosas de la edad), cuando luego va a ser escuchado siempre en formato mp3. Pero, ¿y si los CD originales costaran 2 ó 3 euros? Imaginen, dentro de una funda de cartón con su portada, su contraportada con los créditos (...y el logo de la empresa patrocinadora), un CD “de los pequeños” (8 centímetros), con sus catorce canciones (a un bitrate de 320 kbps, que ofrece una calidad de sonido más que aceptable, en los 184 megas que entran en un disco de éstos, se pueden meter unas 25 canciones de 4 minutos...) Es decir, por el precio actual de un CD, podrían comprar ocho o diez de éstos. Y, tras pasarlos al reproductor de mp3 o al disco duro multimedia, guardados en una caja no supondrían mayor problema de espacio. ¿Y quién va a comprar a un vendedor ambulante un CD pirata (éste sí que lo es) mal copiado, sin carátula ni serigrafía, cuando puede comprar un original por el mismo precio? ¿Pondría ese comprador alguna objeción a la presencia de publicidad en la contraportada del disco?

Por otro lado, si compramos las canciones directamente para descargarlas en nuestro ordenador, desde un sitio oficial, ni siquiera tenemos que almacenar discos por ahí. ¿El precio? Desde luego, no a un euro la canción, ni a medio. Hay que tener en cuenta que un sitio de descargas no es un almacén de discos. En la venta de archivos no se entrega al comprador un objeto tangible, con forma y peso: basta con que el archivo esté en un servidor y el cliente lo descargue. No hay stocks que reponer, ni excedentes que almacenar o destruir, ni camiones para transportarlo todo en cajas de cartón, ni grandes superficies comerciales, ni pequeñas tiendas donde venderlo. Todo ese ahorro debe repercutir en el precio final.

En cualquiera de sus formas, comprar música puede salir mucho más barato. Según clama la Industria, las descargas ilegales representan “millones de discos que se quedan sin vender”. Ellos llaman a esto pérdidas, pero es una falacia: una persona que se baja quince o veinte discos al mes no dispone, habitualmente, de los 500 euros mensuales que tal compra le supondría. ¿Cuánto dinero sería normal gastarse al mes en música? ¿50 euros? ¿Cuántos compradores se gastarían esa cantidad? Imaginen ahora que comprar una canción en un sitio oficial supusiera un gasto razonable. Digamos, diez céntimos de euro por canción. Y volvamos a los “millones de descargas”. Resten los que se bajan canciones sólo porque salen gratis: a fin de cuentas, ésos no comprarían discos aunque no pudieran descargarlos (y de los restantes, muchos tampoco lo harían porque no podrían). Multipliquen los que quedan. ¿Cuántos millones salen?

¿No es mejor vender un millón de canciones a diez céntimos cada una, que diez mil a un euro?

David Bravo

Todo lo relacionado con Propiedad Intelectual, P2P, copia privada y SGAE, en esta extensa entrevista. Imprescindible.